NUEVA YORK.- .- La oficina de la ONU para los Derechos
Humanos ha denunciado que, al albor de la 'guerra contra las drogas'
lanzada por el presidente filipino, Rodrigo Duterte, y de los riesgos
para la seguridad nacional se han producido en estos últimos años abusos
"generalizados", en un contexto agudizado también por el lenguaje
"incendiario" del Gobierno.
Según un informe de Naciones Unidas, las violaciones de derechos y
libertades no son nuevas en Filipinas, pero sí han empeorado en estos
últimos años, como quedaría de manifiesto con las muertes de "numerosos"
activistas, periodistas, sindicalistas o abogados en los últimos años
--248 entre 2015 y 2019-- y, en particular, con las operaciones
antidrogas.
Las cifras oficiales solo reconocen 8.663 fallecidos en esta
'guerra' lanzada por Duterte, pero otras estimaciones hablan de más del
triple, sin que las autoridades parezcan dispuestas a rendir cuentas. La
ONU ha denunciado la persistente impunidad, ya que desde 2016 solo ha
habido una condena por la muerte de un sospechoso de traficar con
drogas, según consta en el informe difundido este jueves.
En este sentido, los expertos consideran que las "graves
violaciones", alentadas por los esfuerzos para combatir las amenazas
para la seguridad nacional --"reales o exageradas"-- y por la "peligrosa
retórica" de altos cargos, han eclipsado en Filipinas los logros en
materia de derechos económicos y sociales de años anteriores.
Las personas entrevistadas en este informe dan cuenta de que "los
obstáculos prácticos al acceso a la justicia son prácticamente
insalvables", por lo que los expertos internacionales ven necesario que
haya investigaciones "independientes, imparciales y creíbles" para que
pueda saberse a ciencia cierta lo ocurrido en estos últimos años.
El informe critica el lenguaje bélico utilizado por autoridades
"del más alto nivel" en Filipinas, a las que han recriminado que
alienten el uso de la fuerza letal. La Policía, señala, podría entender
que tiene "un permiso para matar" o para actuar sin seguir unos mínimos
protocolos, teniendo en cuenta quizás que luego nadie les pedirá
explicaciones.
Según la ONU, las fuerzas de seguridad realizan registros sin
orden judicial de forma recurrente y, tras analizar 25 operaciones que
concluyeron con 45 muertos en 2016 y 2017, habría quedado en evidencia
que los agentes "recuperaron repetidamente pistolas con el mismo número
de serie a diferentes víctimas en diferentes lugares", lo que daría pie a
pensar que fueron colocadas por los propios agentes para justificar que
las víctimas iban armadas.
El lenguaje "incendiario", que podría suponer una violación del
Derecho Internacional si se vincula a la "privación arbitraria de la
vida", se ha extendido en estos últimos años no solo contra traficantes y
consumidores de drogas, sino también contra mujeres, miembros de la
sociedad civil, indígenas o periodistas, entre otros colectivos.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle
Bachelet, ha considerado "vital" que las autoridades de Filipinas
adopten un nuevo enfoque en materia de Derechos Humanos, teniendo en
cuenta que "la rendición de cuentas y la transparencia plena (...) son
esenciales para la confianza pública" y para evitar casos como los
recogidos en el informe, donde hay testimonios "desoladores".
"Las personas que consumen o venden drogas no pierden sus Derechos
Humanos", ha advertido la expresidenta chilena, quien también ha
recordado que no se puede catalogar como "simpatizante del terrorismo" a
todo aquel que discrepe o critique al Gobierno de Duterte. El informe
constata que la persecución de la disidencia es una práctica "cada vez
más institucionalizada y normalizada" en Filipinas.
