La ONU denuncia abusos de DDHH "generalizados" en Filipinas y lamenta la retórica "incendiaria" de Duterte

NUEVA YORK.- .- La oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha denunciado que, al albor de la 'guerra contra las drogas' lanzada por el presidente filipino, Rodrigo Duterte, y de los riesgos para la seguridad nacional se han producido en estos últimos años abusos "generalizados", en un contexto agudizado también por el lenguaje "incendiario" del Gobierno.

Según un informe de Naciones Unidas, las violaciones de derechos y libertades no son nuevas en Filipinas, pero sí han empeorado en estos últimos años, como quedaría de manifiesto con las muertes de "numerosos" activistas, periodistas, sindicalistas o abogados en los últimos años --248 entre 2015 y 2019-- y, en particular, con las operaciones antidrogas.

Las cifras oficiales solo reconocen 8.663 fallecidos en esta 'guerra' lanzada por Duterte, pero otras estimaciones hablan de más del triple, sin que las autoridades parezcan dispuestas a rendir cuentas. La ONU ha denunciado la persistente impunidad, ya que desde 2016 solo ha habido una condena por la muerte de un sospechoso de traficar con drogas, según consta en el informe difundido este jueves.

En este sentido, los expertos consideran que las "graves violaciones", alentadas por los esfuerzos para combatir las amenazas para la seguridad nacional --"reales o exageradas"-- y por la "peligrosa retórica" de altos cargos, han eclipsado en Filipinas los logros en materia de derechos económicos y sociales de años anteriores.

Las personas entrevistadas en este informe dan cuenta de que "los obstáculos prácticos al acceso a la justicia son prácticamente insalvables", por lo que los expertos internacionales ven necesario que haya investigaciones "independientes, imparciales y creíbles" para que pueda saberse a ciencia cierta lo ocurrido en estos últimos años.

El informe critica el lenguaje bélico utilizado por autoridades "del más alto nivel" en Filipinas, a las que han recriminado que alienten el uso de la fuerza letal. La Policía, señala, podría entender que tiene "un permiso para matar" o para actuar sin seguir unos mínimos protocolos, teniendo en cuenta quizás que luego nadie les pedirá explicaciones.

Según la ONU, las fuerzas de seguridad realizan registros sin orden judicial de forma recurrente y, tras analizar 25 operaciones que concluyeron con 45 muertos en 2016 y 2017, habría quedado en evidencia que los agentes "recuperaron repetidamente pistolas con el mismo número de serie a diferentes víctimas en diferentes lugares", lo que daría pie a pensar que fueron colocadas por los propios agentes para justificar que las víctimas iban armadas.

El lenguaje "incendiario", que podría suponer una violación del Derecho Internacional si se vincula a la "privación arbitraria de la vida", se ha extendido en estos últimos años no solo contra traficantes y consumidores de drogas, sino también contra mujeres, miembros de la sociedad civil, indígenas o periodistas, entre otros colectivos.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha considerado "vital" que las autoridades de Filipinas adopten un nuevo enfoque en materia de Derechos Humanos, teniendo en cuenta que "la rendición de cuentas y la transparencia plena (...) son esenciales para la confianza pública" y para evitar casos como los recogidos en el informe, donde hay testimonios "desoladores".

"Las personas que consumen o venden drogas no pierden sus Derechos Humanos", ha advertido la expresidenta chilena, quien también ha recordado que no se puede catalogar como "simpatizante del terrorismo" a todo aquel que discrepe o critique al Gobierno de Duterte. El informe constata que la persecución de la disidencia es una práctica "cada vez más institucionalizada y normalizada" en Filipinas.

El Parlamento de Filipinas aprueba una polémica ley que permite escuchas y arrestos sin orden judicial ni cargos

MANILA.- El Parlamento de Filipinas ha aprobado una nueva ley que modifica la legislación antiterrorista para permitir las escuchas telefónicas a sospechosos y detenciones sin que medie una orden judicial y con la posibilidad de que se prolongue hasta catorce días sin presentar cargos contra el detenido.

Según ha informado la cadena de televisión local ABS-CBN, la polémica Ley 6875 ha sido aprobada en su tercera y última lectura en la sesión del miércoles de la Cámara de Representantes con el apoyo de 173 diputados, el rechazo de 31 y 29 abstenciones.

Tras la aprobación en el Parlamento, la norma será sometida a "una revisión final" por parte del presidente del país, Rodrigo Duterte, antes de que proceda a ratificarla para su entrada en vigor.

La aprobación parlamentaria del texto ha provocado que varios grupos de estudiantes se manifiesten contra la ley en la Universidad Diliman, en Ciudad Quezón, un distrito de la región metropolitana de Manila, en la que todavía se mantienen las medidas de cuarentena por el coronavirus.

La Comisión de Derechos Humanos, un organismo constitucional independiente que vela por el respeto a los Derechos Humanos en Filipinas, ha criticado que la nueva ley deje limitado su papel porque el Gobierno solo deberá informarle de los arrestos que planea realizar pero no estará obligado a escuchar su opinión ni sus recomendaciones.

"La Comisión de Derechos Humanos ha sido sacada de la provisión penal. Nuestro temor es que no informe a la Comisión de Derechos Humanos si ya han detenido a un supuesto terrorista y, por tanto, no podamos verificar ni averiguar la situación del detenido", ha afirmado la portavoz de la Comisión, Jacqueline de Guia.

Además, ha criticado que la nueva norma permita la detención sin orden judicial y sin presentar cargos contra sospechosos de terrorismo durante catorce días. "Cuando una persona esta detenida durante un largo periodo de tiempo, su vulnerabilidad frente a la tortura, el castigo o el trato inhumano y cruel aumenta. Y, desde luego, al ser un sospechoso de terrorismo, el Gobierno tiende a presionar y a interrogar", ha asegurado.

La portavoz de la Comisión de Derechos Humanos también ha censurado que la nueva norma tenga una definición "demasiado amplia" del término "terrorista", ya que señala como tal a los miembros de grupos terroristas identificados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a los que cometen actos de terrorismo y a las personas que ayudan a terroristas con planificación, conspiraciones, reclutamiento, difusión de propaganda y dándoles material de apoyo.

Filipinas presenta otra protesta diplomática ante China por disputa marítima

MANILA.- Filipinas presentó esta semana una nueva protesta diplomática ante las autoridades chinas por dos incidentes ocurridos recientemente en las aguas disputadas del Mar de China Meridional, informó el asesor presidencial de seguridad nacional, Hermogenes Esperon.

Las protestas responden al paso sin autorización de buques de guerra chinos por el estrecho de Sibutu, al sur de Filipinas, y a la presencia de 113 naves chinas detectada la última semana en las aguas de la isla Pagasa (conocida internacionalmente como Thitu), la más grande controlada por Filipinas del disputado archipiélago Spratly.

Esperon señaló en una rueda de prensa que había enviado una nota verbal al secretario de Exteriores, Teodoro Locsin, en la que recomendaba que presentara una queja ante el embajador chino en Manila por esos dos incidentes.

"Protesta diplomática disparada", confirmó poco después Locsin en su cuenta de Twitter.

Sobre el asunto del estrecho de Sibutu, Esperon señaló que "todos los buques militares que pasan por nuestro territorio solicitan autorización diplomática", pero que en los registros "no hay constancia de que China la solicitara".

El secretario de Defensa, Delfin Lorenzana -que ha acusado a China de acosar a sus vecinos en las aguas disputadas-, informó por primera vez la semana pasada de que buques de guerra chinos cruzaban sin permiso el estrecho de Sibutu, algo que habría ocurrido cuatro veces desde febrero.

"Ellos alegan que se trata de un paso inocente por una ruta marítima habitual. En cierto sentido, es correcto. Pero en nuestras costumbres y acuerdos con otros países, siempre abogamos por pedir autorización diplomática", aclaró Esperon.

Sobre los barcos chinos en torno a Pagasa, Esperon señaló que la última vez que detectaron esa "presencia abrumadora" en la zona fue el pasado 23 de julio, pero que hoy, debido al mal tiempo, solo quedan un buque de la guardia costera china y tres botes pesqueros.

Esperon informó de que, para proteger su territorio y sus aguas soberanas, Filipinas ha instalado cinco faros en la zona, cinco más se construirán en los próximos meses y va a adquirir un vehículo de alto vuelo no tripulado para tomar imágenes satelitales.

El pasado abril, Filipinas ya presentó una protesta diplomática por la presencia de unos 200 buques chinos alrededor de la isla Pagasa -algunos informes extraoficiales apuntaban a más de 500-, lo que hizo que China retirara más de un centenar.

Según la Marina filipina, para finales de mayo solo quedaban 18 barcos chinos, pero a lo largo de julio se incrementó la presencia de esos buques, que funcionan como "una milicia paramilitar que cumple funciones coercitivas y de vigilancia", según el Pentágono.

La Corte Permanente de Arbitraje (CAP) de La Haya atribuyó en 2016 a Filipinas la titularidad de varios territorios del Mar de China Meridional, el atolón Scarborough y parte del archipiélago Spratly, donde China ha construido bases militares en islas artificiales levantadas sobre atolones y arrecifes para apropiárselas de facto.

China, que apela a derechos históricos sobre la zona, nunca reconoció el fallo de la CAP y continúa con sus actividades militares y pesqueras dentro de la zona exclusiva económica de Filipinas, es decir en las 200 millas náuticas desde su costa.

La Isla Thitu o Pagasa, con una superficie de 37,2 hectáreas es la segunda mayor isla de todas las Islas Spratly y la más grande de este grupo de las ocupadas por Filipinas. Funciona como una población o pueblo de la Municipalidad de Kalayaan, un municipio de la provincia de Palawan con 222 habitantes.