GINEBRA.- Más de 160 defensores de la tierra
y el medio ambiente fueron asesinados en todo el mundo en 2018, una
media de tres a la semana, según un informe de la ONG Globlal Witness
que sitúa a Filipinas, Colombia, India y Brasil como los países más
peligrosos para ejercer un tipo de activismo enfrentado a grupos de
poder tanto políticos como empresariales.
En concreto, los
investigadores han confirmado 164 casos de muerte, 40 de ellos
vinculados a fuerzas de seguridad estatales. Una cifra similar
correspondería a actores privados como sicarios, bandas criminales y
terratenientes, según el informe publicado esta semana.
Filipinas, con 30 asesinatos, encabeza la lista negra por delante de
Colombia (24), India (23) y Brasil (20), aunque por regiones América
Latina sigue siendo la más mortífera al registrar más de la mitad de los
asesinatos a nivel global, una tónica que se repite desde que Global
Witness comenzó a publicar datos en el año 2012. Guatemala es el país
que registra un mayor aumento: 16 asesinatos, cinco veces más que en
2017.
Parte de los ataques figuran vinculados a proyectos
hidroeléctricos, agroindustriales y madereros, aunque es la minería el
sector más mortífero para quienes se oponen a ella, con 43 asesinatos.
Global Witness ha advertido, no obstante, de un aumento de los casos
vinculados a la protección de las fuentes de agua, que han pasado de
cuatro a 17.
La ONG ha señalado que la falta de documentación e
investigación de este tipo de casos complica la elaboración de este tipo
de investigaciones, hasta el punto de que teme que la cifra real de
víctimas "probablemente fue mucho mayor" a la que refleja el estudio.
A
ellas se sumarían "incontables" activistas arrestados, amenazados de
muerte, juzgados o difamados.
Por primera vez, el informe examina
la utilización abusiva de las leyes para criminalizar e intimidar a los
defensores del medio ambiente y de las comunidades locales. Esta
vertiente incluye el uso indebido de leyes creadas con la excusa de
proteger la seguridad nacional y la elaboración de otras nuevas para
controlar las manifestaciones o coartar la libertad de expresión.
Esta tendencia a la criminalización se estaría dando también en países
"desarrollados" como Reino Unido o Estados Unidos, donde el Gobierno de
Donald Trump ha cedido tierras indígenas a empresas de combustibles
fósiles. En Reino Unido, tres manifestantes contra el 'fracking' fueron
condenados a penas de prisión "draconianas".
Global Witness ha alertado de que la tendencia de persecución al
activismo medioambiental "solo parece empeorar", con "señales
desalentadoras" que anticipan un 2019 incluso peor que 2018. En este
sentido, ha lamentado la voluntad del presidente de Brasil, Jair
Bolsonero, de permitir la explotación de reservas indígenas.
La
responsable de campañas de la organización, Alice Harrison, ha lamentado
que el impulso a los movimientos ambientales en todo el mundo no haya
logrado frenar "los ataques despiadados", a pesar de que el "colapso
climático" hace más necesario que nunca trabajar en defensa del planeta
frente a la "destrucción imprudente impuesta por ricos y poderosos".
"Es una ironía brutal que, si bien los sistemas judiciales
rutinariamente permiten que los asesinos de personas defensoras caminen
libres, también están siendo utilizados para calificar a las y los
activistas como terroristas, espías o delincuentes peligrosos", ha
añadido.
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